Familiares de los estudiantes masacrados en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, exigieron al Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, acabe con las “actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades” en torno al homicidio de 11 estudiantes y 4 adultos en dicha frontera.
El Secretario de Gobernación se reunió a puerta cerrada con habitantes de la colonia Villas de Salvárcar, principalmente con los familiares de los estudiantes que fueron acribillados a tiros por un comando armado que buscaba ajustar cuentas con rivales de una pandilla contraria.
El Secretario arribó a ciudad Juárez cerca de las 09:30 horas en un jet de la PGR y de inmediato se traslado a Villas de Salvárcar, donde ya lo esperaban el Gobernador del Estado, José Reyes Baeza y el alcalde de esta frontera, José Reyes Ferriz.
En privado y sin acceso de los medios de información, Gómez Mont escuchó los planteamientos de los familiares de las 15 víctimas de esta nueva masacre que enlutó de nuevo hogares de Ciudad Juárez.
Los familiares de los estudiantes masacrados hace 9 días por integrantes de una pandilla ligada al Cártel de Vicente Carrillo Fuentes, se reunieron por el lapso de una hora con el Secretario de Gobernación, con el Alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz y el Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, a quienes principalmente les hicieron serios reclamos por las declaraciones hechas en el sentido que los estudiantes pertenecían a una pandilla y que esa era la causa del ataque y múltiple homicidio.
El día de hoy las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), y familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y Manuel entregaron una carta al Secretario de Gobernación en la que le informan que “en el Estado de Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que –en teoría- deberían garantizar el estado de derecho”.
En la carta, refieren que un plan social es adecuado pero “no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz si no se garantiza la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aún cuando ésta pueda afectar intereses militares”.
Las organizaciones de la sociedad civil le reclamaron además que en el estado de Chihuahua existen abusos militares aunque es posible que él no los sepa y le recuerdan el caso de “Nitza Paola Alvarado Espinoza de 18 años, Rocío Irene Alvarado Reyes de 31 años y José Ángel Alvarado Herrera de 20 años quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, en la Comunidad de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, por diez militares que portaban uniformes y armas oficiales, quienes se los llevaron con violencia y sin presentar ninguna orden judicial frente a varios de sus familiares y testigos”.
Las organizaciones firmantes le solicitaron al Secretario de Gobernación que las autoridades municipales, estatales y federales en el Estado de Chihuahua deben aplicar la ley para proteger a los más débiles y sancionar a quienes con armas abusan de su poder, de lo contrario, dijeron, estaremos condenados a que no haya justicia, a que la impunidad continúe y a que la violencia no termine.
Mientras tanto, funcionarios de los tres niveles de gobierno han llegado al exclusivo salón Cibeles, donde se desarrollará una reunión con el Secretario de Gobernación.
