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MARIHUANA, UN TEMA REAL

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Revisar la política sobre drogas a la luz de los derechos humanos: CNDH

 

 “El día de hoy nos convoca en este espacio la necesidad de actuar ante una realidad problemática y compleja, en el caso de México, la realización de estos encuentros no pueden ser vistos como algo circunstancial o mediático, producto de una corriente o tendencia”, dijo en su mensaje en la ceremonia de inauguración Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Ojalá el debate público sobre la marihuana de pie a una revisión general sobre la política de drogas en nuestro país, a la luz de los derechos humanos”.

Indicó que en  nuestro país, desde hace varios años, la producción, distribución y consumo de drogas dejó de ser algo ajeno o lejano para volverse en algo que de manera directa o indirecta, ha incidido e incide en la vida cotidiana de muchas mexicanas y mexicanos, teniendo repercusiones importantes en el ámbito del respeto y vigencia de las personas.

El titular de la CNDH señaló que no se quiere dar la espalda a la realidad que desafía a nuestras instituciones y a nuestra sociedad, el primer paso para la solución de un problema es conocerlo para con base en ello poder atenderlo y así actuar en consecuencia.

“Discutir y reflexionar sobre el tema de drogas no implica ningún tipo de promoción o proselitismo, por el contrario, representa asumir una postura responsable para emprender la atención de uno de los temas más difíciles y relevantes de nuestra realidad nacional”.

Agregó que mediante el diálogo, intercambio de ideas, objetivo, informado, plural e incluyente, con sustento en evidencia científica elaborada en los más altos niveles de exigencia posible, el conocer más sobre las drogas genera la posibilidad de entender mejor manera la problemática vinculada a las mismas, y tener bases sólidas para generar las políticas públicas aplicables en la materia.

Este conocimiento lleva implícito la necesidad de abordar las distintas facetas y dimensiones de este tema, las distintas formas en que el mismo tiene una proyección e influencia en la vida de las personas en lo individual y en nuestra sociedad, precisó el derechohumanista.

Lo anterior, dijo, con el propósito de formular los programas adecuados y nuestras necesidades lo demandan. Desde la dimensión individual del consumo, el carácter y tratamiento que se le da al adicto y consumidor, hasta los problemas de violencia y ataques a la dignidad humana que se han presentado como consecuencia directa o derivada de las actividades ilícitas de lo que se ha denominado crimen organizado.

González Pérez manifestó que todos son aspectos que de uno y otro implican e inciden en el respeto y vigencia de los derechos humanos, de ahí la necesidad de de que los mismos sean el eje o parámetro básico de todo proceso de debate o reflexión que se lleve a cabo en la materia.

En este sentido, afirmó el presidente de la CNDH, el ámbito de la regulación de las drogas debe verse necesariamente comprendido dentro del campo de la actividad estatal, que de conformidad con lo previsto con el artículo primero Constitucional, está subordinado al reconocimiento al respeto y promoción de los derechos humanos.

“Ninguna política pública puede mantenerse al margen hoy en día, al contrario, es un imperativo que todos los ámbitos de la actividad del Estado y las acciones públicas aplicables a los mismos, sean revisadas y reformuladas a la luz de los derechos humanos”, subrayó.

El presidente de la CNDH dijo que hablar de drogas desde un punto de vista de los derechos humanos no es una cuestión sencilla, ya que es un tema que tiene relación con varios derechos humanos, que involucra distintos ámbitos de actuación estatal y que en razón de ello debe de abordarse de manera objetiva, procurando en todo momento exista una armonización entre los distintos derechos que se ven involucrados en este tema, los cuales tienen una dimensión individual pero también colectiva.

En una enunciación genérica, entran en juego derechos vinculados a la libertad personal, a la no discriminación, a la capacidad que tiene cada persona de decidir sobre el destino y características que quiera darle a su vida, a su desarrollo personal y su cuerpo, así como el derecho a la vida y a la protección de la salud de las personas, los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior sin desconocer la existencia deberes estatales tan importantes como brindar y garantizar la seguridad de la población y prevenir las conductas que afecten a la colectividad en su conjunto. El mayor reto de cualquier política pública que se formule y que pretenda ser exitosa es considerar y armonizar el conjunto de derechos humanos involucrados bajo los principios de universalidad, integralidad, interdependencia que le son propios, dijo.

Es preciso conciliar las dimensiones individuales y colectivas de los derechos humanos, salvaguardar puntos tan esenciales como la prevención decidida para evitar el consumo en nuestra infancia y adolescencia, así como generar la información, capacidades y proveer los recursos en las instancias como en los sistemas de salud pública, para que las políticas públicas que se definan y los derechos humanos que se aludan en las mismas, puedan ser operativas y realmente tener vigencia.

“La tarea es compleja y requiere de la coordinación y suma de esfuerzos por parte de todas las instancias del Estado. Los derechos humanos son puntos de convergencia entre el derecho y la ética, en la esencia misma de los derechos humanos subyace el reconocimiento de una dignidad común que nos identifica e iguala como personas, cuyo respeto y vigencia se sume como una prioridad”, dijo.

Hizo hincapié de que en materia de drogas, la intervención del Estado se está dando ante la necesidad de resolver una situación problemática de nuestras relaciones sociales, la cual demanda el ejercicio de la actividad regulatoria estatal para propiciar su control en beneficio de las personas, a efecto de prevenir nuevas violaciones y ataques a la dignidad de las mismas.

El funcionario de la CNDH indicó que hay que distinguir los efectos de las drogas por sí mismas y los efectos que se derivan de las políticas públicas que en materia de drogas se adopten.

“Los altos índices de violencia y la generación de diversas actividades ilícitas que con frecuencia se asocian a las actividades relacionadas con las drogas, no son consecuencia irremediablemente vinculadas a su consumo, sus causas son mucho más complejas y atienden a factores diversos de carácter social, económico, cultural y políticos, entre otros”, apuntó.

Agregó que esta situación debe ser reconocida por las políticas que se implementen en relación a las mismas, pues no sólo deberán atacar sus manifestaciones externas sino también sus causas generadoras.

Para concluir su mensaje, González Pérez dijo que cualquier esfuerzo regulatorio que se lleve a cabo será insuficiente si no atendemos y fortalecemos en paralelo los factores y capacidades institucionales operativas necesarias para que ese marco normativo que se genere efectivamente se aplique y su cumplimiento realmente se pueda vigilar.

En este tema, al igual que en otros aspectos de nuestra agenda nacional, se vuelve a hacer evidente la necesidad de emprender acciones en contra de la impunidad y por la vigencia real de nuestro estado de derecho. El mismo énfasis que pongamos en la educación y el trabajo con nuestros niños, niñas y adolescentes, será la única manera de llevar a cabo la prevención en la materia, el cual requiere de un proceso formativo de largo plazo.

 

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